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Acción Directa

En su estado químicamente puro, la República sostiene que los ciudadanos sólo expresan su voluntad a través de las urnas. En una situación de laboratorio donde todos fuesen escuchados por igual, manejaran información completa y, lo más importante, el resto de los intereses no ejerciesen presión más que electoral, quizás podríamos sostener la bandera del voto como única vía de expresión política.

En cambio, en un país donde (exagerando un poco) todos presionan (por lo pronto, los medios, las empresas, la Iglesia católica), abandonar la acción directa significa renunciar a un mecanismo de petición y por lo tanto perder poder relativo frente a las otras demandas.

Como en un duelo del lejano oeste, pedirle a uno de los rivales que guarde su arma porque las armas las carga el diablo equivale a buscar que lo maten. Podríamos decir, entonces, “dime quién quieres que renuncie a la acción directa y te diré a quién pretendes debilitar”.

En todas las sociedades modernas, la acción directa forma parte de la acción política. Los límites tolerados y las costumbres de los sectores cambian según el país, pero no existe nación democrática que prohíba totalmente la acción directa.

La efectividad de la acción directa sobre la política argentina se puso en evidencia una vez más después de la rebelión (o acción directa) de los acorralados durante 2001 y 2002. De hecho estos ciudadanos que nadie podría asociar a las clases populares en un país con tan bajo nivel de bancarización, marcaron un límite de “soluciones tolerables” y de escenarios “políticamente posibles” al establecer sus exigencias u objetivos.

Lo mismo ocurrió con la 125. ¿Qué funcionario podría hoy plantear alegremente la suba de retenciones? Aunque hubiese sido lo mejor para la Argentina, en 2008 la acción directa le puso un límite a la política: sino un límite infranqueable, al menos un escalón de disuasión fuerte. Para bien de algunos, para mal de otros.

Ocurrió lo mismo con los piquetes y con la protesta social en la calle: marcaron un límite a los caminos posibles. Así, más allá de la amenaza electoral "si hacemos tal o cual cosa, no nos votan más", la política asiste a la aparición de ciertos límites del tipo "si hacemos tal o cual cosa, nos incendian todo".

Todos los grupos ponen límites, marcan la cancha, definen sus "intolerables". En caso de un límite demasiado exigente, el Estado deberá enfrentarlo con todas las consecuencias que esto implique, pero hasta ese momento el grupo en cuestión consigue una mejor posición de negociación que con la simple amenaza electoral.

Los grupos con mayor poder de movilización conjunta obtienen de la política mayor atención que aquéllos que se mantienen divididos e invisibles. De ahí el interés de los grupos con poder en mantener al resto de los grupos de interés en actitud de división y pasividad.

Antes de apurarnos a condenar la acción directa como chantaje antidemocrático, recordemos que en nuestra historia se han frenado muchos males gracias a que en la mesa de las decisiones alguien dijo "si lo hacemos, nos incendian la calle". En el caso de gobiernos que ya no vislumbran ganar las próximas elecciones, o que son muy presionados por grupos de poder, la calle ofrece un límite fáctico a ideas aberrantes aunque posibles (ojalá alguien hubiera gritado "se nos incendia la calle" cuando Duhalde ordenó reprimir en el Puente Avellaneda o cuando Cavallo decidió lanzar el corralito o crear las AFJP).

Por otra parte, la acción directa es el único camino para grupos de ciudadanos “invisibles” a las mayorías, el único camino republicanamente tolerable de instalar sus demandas. De hecho, los grupos con acceso a lobbistas e influenciadores varios no la necesitan porque cuentan con formas “legales” para colocar sus peticiones en los escritorios de los diputados o del propio Ejecutivo y para hacer escuchar su posición desde los grandes medios y todas las veces que sea necesario.

Lo que valoramos en Greenpeace cuando instala la desaparición del oso panda en nuestra agenda pública, no podemos dejar de valorarlo en las acciones relativas a la desaparición de la comunidad Qom en Formosa.

Dicho esto, la acción directa no es un permiso para matar, ni mucho menos. Es más, como toda acción directa violenta algún derecho ciudadano, debemos contrastar la oportunidad y la dimensión de la acción con los derechos que la acción busca defender. Así, si comparamos a varios pacientes hemofílicos que se encadenan a la puerta del Ministerio de Salud para reclamar la importación de una droga necesaria con cincuenta personas que bloquean la Panamericana para pedir que Canal 7 contrate a Mirtha Legrand, entendemos que ambos grupos defienden su derecho a ser escuchados y que ambos afectan derechos de terceros. Pero también sabemos cuál de los dos reclamos merece más atención y tolerancia.

Que la acción directa no deba objetarse de cuajo no significa que no sea objetable nunca. En realidad, nadie rechaza TODAS las acciones directas: desde la marcha de Blumberg hasta los cortes por la 125, pasando por los piquetes de los desocupados, las tomas de los colegios y las acciones de Greenpeace por los delfines austriacos. En última instancia, rechazamos alguna(s) de manera selectiva, según nuestra opinión sobre cada caso.

Antes de opinar sobre una acción directa, primero debemos evaluar si existen alternativas de protesta efectiva a la propia acción directa: no es lo mismo que reclame un miembro de la colectividad Qom, sin acceso a ninguna instancia superior de gobierno o a despertar el interés natural de sus conciudadanos, que el dueño de un medio o un actor con presencia mediática. En segundo lugar, debemos evaluar el daño colateral que ocasiona la acción. En general no hay mayores diferencias al respecto, en esta época profundamente pacifica donde las acciones directas evitan toda violencia física algunos pueden juzgar las acciones de fastidiosas o simplemente molestas, pero no hay sectores con entidad que sostengan que las acciones son criminales. Finalmente pensemos en el valor asignado a los derechos defendidos o los intereses que logran ser visibilizados gracias a la acción. Aquí es donde aparecen las diferencias abismales entre los argentinos, cuan importante es el bien defendido.

Quizás algún día el Poder Judicial tome cartas en el asunto, y juzgue la “razonabilidad” de cada acción directa en función de los derechos violentados, de los derechos defendidos y de los caminos alternativos que existen a la acción directa (si es que existen). En ese caso la Justicia encontrará el límite justo para cada caso, y determinará un nivel máximo de tolerancia en términos de tamaño y duración.

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2 comentarios:

  1. Entonces yo(1961), profesional de clase media, de acuerdo con algunas ideas de este manual y en contra de otras por considerarlas perjudiciales, no tendría acceso a medidas de acción directa. Los Qom en Formosa sí.(Igual no les dieron bola). Segun tambien este manual, no hay medias tintas, o me uno y organizo o me asocio a las señoras gordas de callao y santa fe, que mala leche!

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  2. Estimad@ Pupi, según este MAKnual y la apócrifa Santa Biblia escrita hace dos mil años, no existen medias tintas ni tibios. O te “unís y organizás” con la Cámpora o con Clarín (también podés elegir unirte a los Qom, pero con menos posibilidades de éxito), lamento no tener buenas noticias sobre esta realidad.

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