Discrecionalidad

La discrecionalidad del Poder Ejecutivo puede ser per se una mala palabra sólo para quienes el Estado es un enemigo o competidor.

Entre otras obligaciones, el PE debe presentar y aprobar un presupuesto anual, ser fiscalizado en todos sus actos, hacerles frente a una prensa y a una oposición interesadas en descubrir (cuando no inventar) chanchullos, aceptar que los delitos de sus funcionarios reciban penas mayores. Sin dudas, son muchas más restricciones que las que soporta cualquier grupo a cargo de una empresa (aún empresas más grandes que el Estado Argentino).

¿Por qué limitarle además la discrecionalidad? ¿Por qué exigirle que consulte cada acto con la prensa, con la gente, con los diputados de la oposición (aún con aquéllos cuyo peso electoral es insuficiente en términos de toma de decisiones ejecutivas?

Creemos que el objetivo de atarle las manos al Poder Ejecutivo consiste sencillamente en atarle las manos al Poder Ejecutivo. De hecho, limitar la discrecionalidad no evita los crímenes que se quiere evitar, porque por lo general estos son actos ilícitos (¿quién temería violar la discrecionalidad si ya decidió violar el Código Penal?). Sí, en cambio, busca limitar las acciones de un Estado que avanza.

Una asamblea de accionistas puede exigirle al gerente general mayor transparencia en sus actos, más reportes posteriores, pero difícilmente le exija que consulte cada decisión con la asamblea porque – lo saben – esto destrozaría la empresa de la cual dependen. Si eligen un gerente general es porque confían, primero, en su buen juicio y, segundo, en la pertinencia de los controles anuales y de cierto nivel de demanda a la hora de asegurar un buen desempeño. Si la asamblea se transforma en “veedor” de cada micromovimiento, la empresa se transformará en un ministerio Kafkiano.

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