En un país donde lo político está posicionado como popó de perro y todo político es tratado como un chorro, sorprende que mencionar una ONG o anunciar que uno trabaja en una ONG dé chapa de honesto, útil, desinteresado, solidario entre muchas otras virtudes. Así, jóvenes que se niegan a trabajar por un sueldo para el Estado ladrón aceptan hacerlo gratis para ONGs cuyas autoridades no son elegidas bajo ningún proceso electoral transparente o de ningún tipo.

Pensemos por ejemplo en la Iglesia católica cuyas cuentas no son auditadas más que por sus integrantes, y donde la ausencia de competencia interna por el mando (en contraste con la política) anula o minimiza cualquier posibilidad de denuncias internas. Evidentemente, las ONGs lo tienen todo para ser deshonestas, salvo la honestidad intrínseca de sus dirigentes.

En general, las ONGs reciben apoyo, no del Estado, sino más bien de grandes empresas (sus mayores aportantes) que influyen en la designación de autoridades por un criterio de empatía. Dada esta realidad, no debe sorprender que Milagro Salas nunca haya recibido ayuda de Movistar o Artear, mientras que el Padre Grassi se llenó de donaciones a nombre de personas y empresas con capacidad de ahorro.

Dirán que la Tupac Amaru no pasó la auditoría contable, psicológica, de análisis, de blablablá. La pregunta es: ¿Caritas, el Padre Grassi, Monseñor Plaza, Greenpeace, sí?

Apartar al estado de la asistencia a las ONGs es evitar el imperio del “aporte caprichoso” por parte de un equipo de gobierno elegido por todos para gobernar la Nación por cuatro años, para terminar imponiendo el imperio del “aporte caprichoso” de otro tipo de autoridades elegidas sólo por el tamaño de las empresas que conducen.

Si viven de los aportes de grandes corporaciones y fortunas personales, ¿por qué esperar que las ONGs se ocupen de otros intereses?

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