Diversidad

Como dijimos, los análisis políticos, las noticias, las fotos, los datos considerados “duros” son “opiniones”, “narraciones basadas en porciones preseleccionadas de un todo”. Exagerando un poco, nos atrevemos a llamarlas “ficciones”.

Los datos duros sobre los que se basa cualquier narración son “vistas” de la realidad, una pequeña porción sobre la que el mediador construye su discurso. Es muy poco habitual que los mediadores expliquen la selección de tal o cual porción: ningún diario explica por qué eligió la noticia que publica frente a las miles que no. De hecho nunca sabremos cuáles no publicó ni por qué.

Es razonable que así sea, pues de lo contrario el diario le dedicaría tiempo valioso a temas que juzga sin importancia. Pero no debemos olvidar que una mano invisible selecciona por nosotros y que no nos dará ninguna explicación por eso.

Inevitablemente las narraciones son producto de la percepción de alguien, también de sus prejuicios y opiniones, y de su talento para razonar y comunicar.

Todo esto es el ruido inevitable de la comunicación que, en nuestra opinión, se soluciona de dos maneras: con la religión o con la diversidad (para nosotros, la mejor opción).

Si por convicciones superiores uno se fuerza a considerar como propia la opinión de un único mediador, habrá logrado la mediación perfecta sin diversidad (suena a círculo autorreferencial, pero no lo es). “Me basta con mi predicador para entender la realidad a mi entera satisfacción”: éste es uno de los tantos beneficios de contar con profundas convicciones religiosas.

Para aquéllos sin la dicha de convicciones religiosas superiores, la mediación perfecta es una utopía inalcanzable. Sin embargo, podemos suponer que la diversidad aumentará nuestras opciones y por lo tanto nuestras chances de formarnos una opinión de la realidad más cercana a la tendríamos en un contacto directo con los hechos, en un tiempo eterno, con infinita dedicación y capacidad de comprensión.

Otro efecto colateral positivo de la diversidad aparece con la competencia entre analistas, que funciona como autocorrector. Los otros obligan a mantener cierto nivel de pertinencia: nuestro rigor será mayor si podemos comparar mediadores.

Que conste. La diversidad no se construye mediante la superposición de diversidad, así como no utilizamos un gran pomo de pintura multicolor para pintar un mural. En cambio sí usamos diferentes pomos, cada uno de un solo color. Es más, con cinco colores bien escogidos y combinados, lograríamos la mayor de las diversidades.

En términos mediáticos, la diversidad no significa que cada medio deba representar todas las ideas y opiniones. Tampoco supone programas cuyos presentadores e invitados tengan que discutir entre sí sin llegar a ningún acuerdo.

La diversidad exige la cantidad suficiente de medios diferentes, cada uno en representación de su idea aunque sea de modo excluyente. Mejor todavía, preferentemente de modo excluyente, para aclarar conceptos.

Así, incluso un fanático defensor de una idea monolítica y detractor de todas las demás ayuda a crear diversidad: basta con que tengamos en igualdad de condiciones a otros fanáticos defensores de otras ideas monolíticas y, porque no, detractores de las demás.

El Estado tiene mucho que hacer para facilitarnos el acceso a una diversidad de mediadores. Desde una posición individual es casi imposible lograrlo. La dedicación necesaria lo haría estadísticamente nulo.

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Amortiguación Democrática

En una república, la llamada “voluntad popular” es la suma de opiniones ciudadanas expresadas en un momento dado a través de una elección o plebiscito. Si la opinión individual es cambiante, “caprichosa”, la “voluntad popular” también.

Por aprendizaje o por moda, por época o por simple evolución, la opinión va y viene constantemente. Aunque indeseable para un mejor manejo de la cosa pública, este vaivén es inevitable: si esperamos que el gobierno respete la representatividad de la voluntad popular, debemos aceptar que los altibajos de opinión afecten las decisiones de gobierno.

La tensión entre estabilidad de gobierno y representatividad democrática también resulta inevitable. En términos de la opinión al poder, un gobierno democrático admitiría en un extremo que cada mañana cada ciudadano opine sobre todas las medidas gubernamentales (una especie de “asambleísmo masivo”) o que una especie de monarquía votada donde la ciudadanía consagre por votación a un sujeto como rey y le entregue poder absoluto hasta su muerte. Estas dos formas democráticas se regirían por una Constitución distinta, y resolverían de diferente manera la tensión entre estabilidad y representatividad. Ambas serian republicas democráticas, pero donde el poder de la opinión no tendría igual jerarquía y, como contracara, la estabilidad lograda sería diferente.

La Constitución Argentina se coloca en un punto intermedio, cuenta con mecanismos de amortiguación frente este fenómeno de ciclotimia democrática: las elecciones cambian las cámaras de a tercios (de esta manera se requiere una opinión con cierta permanencia en el tiempo para que todo el Congreso cambie); las consultas a la ciudadanía no son diarias sino cada dos o cuatro años; se gobierna través de representantes (cosa que amortigua mucho el impacto de los humores diarios en la toma de decisiones). De esta manera, la Constitución garantiza cierto equilibrio donde la opinión popular tiene una presencia relativamente frecuente pero los representantes poseen suficiente discrecionalidad y mandato temporal como para darle estabilidad a la gestión.

Cualquier otro planteo de amortiguación es probablemente antidemocrático. Pensamos, por ejemplo, en la mencionada sobrevaloración de las “instituciones” en detrimento de la decisión de los representantes de la voluntad popular.

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Acción Directa

En su estado químicamente puro, la República sostiene que los ciudadanos sólo expresan su voluntad a través de las urnas. En una situación de laboratorio donde todos fuesen escuchados por igual, manejaran información completa y, lo más importante, el resto de los intereses no ejerciesen presión más que electoral, quizás podríamos sostener la bandera del voto como única vía de expresión política.

En cambio, en un país donde (exagerando un poco) todos presionan (por lo pronto, los medios, las empresas, la Iglesia católica), abandonar la acción directa significa renunciar a un mecanismo de petición y por lo tanto perder poder relativo frente a las otras demandas.

Como en un duelo del lejano oeste, pedirle a uno de los rivales que guarde su arma porque las armas las carga el diablo equivale a buscar que lo maten. Podríamos decir, entonces, “dime quién quieres que renuncie a la acción directa y te diré a quién pretendes debilitar”.

En todas las sociedades modernas, la acción directa forma parte de la acción política. Los límites tolerados y las costumbres de los sectores cambian según el país, pero no existe nación democrática que prohíba totalmente la acción directa.

La efectividad de la acción directa sobre la política argentina se puso en evidencia una vez más después de la rebelión (o acción directa) de los acorralados durante 2001 y 2002. De hecho estos ciudadanos que nadie podría asociar a las clases populares en un país con tan bajo nivel de bancarización, marcaron un límite de “soluciones tolerables” y de escenarios “políticamente posibles” al establecer sus exigencias u objetivos.

Lo mismo ocurrió con la 125. ¿Qué funcionario podría hoy plantear alegremente la suba de retenciones? Aunque hubiese sido lo mejor para la Argentina, en 2008 la acción directa le puso un límite a la política: sino un límite infranqueable, al menos un escalón de disuasión fuerte. Para bien de algunos, para mal de otros.

Ocurrió lo mismo con los piquetes y con la protesta social en la calle: marcaron un límite a los caminos posibles. Así, más allá de la amenaza electoral "si hacemos tal o cual cosa, no nos votan más", la política asiste a la aparición de ciertos límites del tipo "si hacemos tal o cual cosa, nos incendian todo".

Todos los grupos ponen límites, marcan la cancha, definen sus "intolerables". En caso de un límite demasiado exigente, el Estado deberá enfrentarlo con todas las consecuencias que esto implique, pero hasta ese momento el grupo en cuestión consigue una mejor posición de negociación que con la simple amenaza electoral.

Los grupos con mayor poder de movilización conjunta obtienen de la política mayor atención que aquéllos que se mantienen divididos e invisibles. De ahí el interés de los grupos con poder en mantener al resto de los grupos de interés en actitud de división y pasividad.

Antes de apurarnos a condenar la acción directa como chantaje antidemocrático, recordemos que en nuestra historia se han frenado muchos males gracias a que en la mesa de las decisiones alguien dijo "si lo hacemos, nos incendian la calle". En el caso de gobiernos que ya no vislumbran ganar las próximas elecciones, o que son muy presionados por grupos de poder, la calle ofrece un límite fáctico a ideas aberrantes aunque posibles (ojalá alguien hubiera gritado "se nos incendia la calle" cuando Duhalde ordenó reprimir en el Puente Avellaneda o cuando Cavallo decidió lanzar el corralito o crear las AFJP).

Por otra parte, la acción directa es el único camino para grupos de ciudadanos “invisibles” a las mayorías, el único camino republicanamente tolerable de instalar sus demandas. De hecho, los grupos con acceso a lobbistas e influenciadores varios no la necesitan porque cuentan con formas “legales” para colocar sus peticiones en los escritorios de los diputados o del propio Ejecutivo y para hacer escuchar su posición desde los grandes medios y todas las veces que sea necesario.

Lo que valoramos en Greenpeace cuando instala la desaparición del oso panda en nuestra agenda pública, no podemos dejar de valorarlo en las acciones relativas a la desaparición de la comunidad Qom en Formosa.

Dicho esto, la acción directa no es un permiso para matar, ni mucho menos. Es más, como toda acción directa violenta algún derecho ciudadano, debemos contrastar la oportunidad y la dimensión de la acción con los derechos que la acción busca defender. Así, si comparamos a varios pacientes hemofílicos que se encadenan a la puerta del Ministerio de Salud para reclamar la importación de una droga necesaria con cincuenta personas que bloquean la Panamericana para pedir que Canal 7 contrate a Mirtha Legrand, entendemos que ambos grupos defienden su derecho a ser escuchados y que ambos afectan derechos de terceros. Pero también sabemos cuál de los dos reclamos merece más atención y tolerancia.

Que la acción directa no deba objetarse de cuajo no significa que no sea objetable nunca. En realidad, nadie rechaza TODAS las acciones directas: desde la marcha de Blumberg hasta los cortes por la 125, pasando por los piquetes de los desocupados, las tomas de los colegios y las acciones de Greenpeace por los delfines austriacos. En última instancia, rechazamos alguna(s) de manera selectiva, según nuestra opinión sobre cada caso.

Antes de opinar sobre una acción directa, primero debemos evaluar si existen alternativas de protesta efectiva a la propia acción directa: no es lo mismo que reclame un miembro de la colectividad Qom, sin acceso a ninguna instancia superior de gobierno o a despertar el interés natural de sus conciudadanos, que el dueño de un medio o un actor con presencia mediática. En segundo lugar, debemos evaluar el daño colateral que ocasiona la acción. En general no hay mayores diferencias al respecto, en esta época profundamente pacifica donde las acciones directas evitan toda violencia física algunos pueden juzgar las acciones de fastidiosas o simplemente molestas, pero no hay sectores con entidad que sostengan que las acciones son criminales. Finalmente pensemos en el valor asignado a los derechos defendidos o los intereses que logran ser visibilizados gracias a la acción. Aquí es donde aparecen las diferencias abismales entre los argentinos, cuan importante es el bien defendido.

Quizás algún día el Poder Judicial tome cartas en el asunto, y juzgue la “razonabilidad” de cada acción directa en función de los derechos violentados, de los derechos defendidos y de los caminos alternativos que existen a la acción directa (si es que existen). En ese caso la Justicia encontrará el límite justo para cada caso, y determinará un nivel máximo de tolerancia en términos de tamaño y duración.

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Prédica Y Lobby

La prédica y el lobby son dos formas de hacer política aunque de diferente valor ético. La primera busca influir en el pensamiento y la acción de los ciudadanos para eventualmente cambiar la opinión de los votantes. En este sentido, la tarea de persuasión en la prédica es clave y es uno de los pilares de la política democrática.

En cambio, el ejercicio del lobby busca influir en un punto específico sobre la acción de nuestros representantes. No intenta persuadir a los ciudadanos, sino modificar la manera en que un representante representa a sus representados. Inevitablemente esto degrada la relación representante-representado, algo que no es parte de la política sino un vicio más o menos tolerado.

El lobby reemplaza a las urnas para quienes no tienen votos. Es como un recuperatorio para los grupos de poder que perdieron en las elecciones o no se presentaron.

La cooptación es otra forma de intervención en la relación representante-representado. Aunque en rigor signifique otra cosa, llamamos “cooptar” a la acción de seducir, por parte de un grupo influyente o poderoso, a un representante de la ciudadanía. Se trata entonces de una segunda forma de influencia política que ejercen sectores desfavorecidos por las urnas.

Mientras el lobby se focaliza en una acción determinada (por ejemplo, en la aprobación o rechazo de una ley), la cooptación apunta a la conciencia del representante, a su percepción de la realidad, con el fin de que incorpore una visión más beneficiosa para el grupo de poder.

Este es el caso de representantes de partidos populares a quienes los sectores de poder no electoral fueron convenciendo de una visión económica neoliberal, es decir, de que ajustar en momentos de crisis es la única salida, o de que poner el pago de la deuda externa por encima del hambre es la mejor solución para aliviar el hambre. Hace solo horas Felipe Solá acaba de reconocer al salir de su bancada que “el pueblo cambió y nosotros no nos dimos cuenta”. En rigor de verdad el pueblo no cambió sino que un grupo de poder logró cooptar a Solá, y a tantos otros, convenciéndolos que el pueblo era genéticamente antikirchnerista y que no tardaría en echar a todos los que tengan una K asociada a ellos en los zócalos de TN. Eso no ocurrió y Solá fue el primero en reconocer haber sido cooptado y será seguramente el primero en liberarse del efecto de esta cooptación. Pero no fue un error en el que incurrió Solá individualmente y que por casualidad coincidió en el error con tantos otros, fue el fruto de un exitoso proceso de cooptación que le afectó el juicio a muchos y en el mismo sentido.

Cooptar no implica traición en términos personales o íntimos. De hecho, el político sigue creyendo que trabaja por el bien de los suyos o, dicho de otro modo, ignora estar trabajando en función de un diagnóstico de situación que hace que dañe a quienes pretende ayudar.

La cooptación es como esas enfermedades autoinmunes cuyos virus logran que los anticuerpos trabajen contra el organismo que buscan defender.

Muchas ONG se presentan como especialistas en “capacitar”, “asistir”, “orientar” a los políticos. Pero cuando vemos quiénes las financian, nos damos cuenta de que están en manos de quienes treinta años atrás financiaban derrocamientos (dicho esto, es un progreso que nuestros golpistas de ayer se limiten hoy a cooptar).

La acción directa, el lobby, la cooptación actúan permanentemente y en todas las sociedades, aunque el nivel de tolerancia difiera según los casos. Si bien la teoría indica que la República sólo debiera regirse por el voto, la existencia de estos otros factores es inevitable. Dicho esto, debemos estar atentos a la posibilidad de que alguno de ellos emprenda un camino de crecimiento o influencia “canceroso”.

El lobby de las prepagas no convierte a la Argentina en un país bananero, ni aun cuando lograra la anulación del proyecto ya aprobado. Ahora bien, si consiguiera la expulsión de la Presidenta o lograra imponer todos los reclamos del sector, entonces estaríamos en zona de peligro real. Mientras tanto, sólo navegamos aguas agitadas que no impiden seguir por el rumbo deseado.

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